Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: La inclusión que el Estado aún no respalda
Por Yalile Said
Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Una fecha que invita a mirar con profundidad lo que implica verdaderamente la inclusión: no basta con aceptar la diferencia; es necesario sostenerla con recursos, formación y acompañamiento. Paradójicamente, en Chile esta jornada nos encuentra hablando de otra cosa: de un sistema que exige inclusión, pero que no entrega el andamiaje necesario para hacerla realidad.
En estas semanas, ha avanzado en el Congreso un nuevo proyecto de ley de convivencia escolar que busca responder a situaciones complejas dentro de las comunidades educativas. Sin embargo, el foco vuelve a estar donde siempre: en multiplicar las exigencias para los colegios, sin fortalecer sus capacidades. Más planes de gestión, más protocolos, más instancias de participación, más informes al consejo escolar. Incluso se incorpora ahora la obligación de que los directores coordinen acciones con otros ministerios: hasta cinco podrán requerir directamente gestiones al colegio. Pero ni una sola palabra sobre más equipos, más recursos o más apoyo efectivo del Estado. Un proyecto que no viene acompañado de una inyección significativa de recursos, difícilmente resolverá algo.
La última vez que se ajustó la subvención escolar con foco en inclusión fue en 2015, con la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar. A casi una década, las exigencias han crecido sostenidamente, pero los recursos permanecen congelados. Hoy, cualquier colegio en Chile debe contar con un reglamento y al menos 11 protocolos de actuación, sin considerar los nuevos procedimientos derivados de la Ley Karin y otras normativas laborales. Esta carga regulatoria ha ido de la mano con un aumento constante de denuncias: solo en 2023 se registraron 19.198, una cifra récord. Cada una de estas obligaciones exige tiempo, formación, gestión administrativa y seguimiento.
Menos recursos y más exigencias terminan por erosionar la labor educativa. Son las comunidades escolares quienes asumen el costo real: directivos y equipos que ven su tiempo consumido por exigencias burocráticas, lejos del aula, lejos del acompañamiento pedagógico, lejos de los estudiantes y docentes que necesitan apoyo directo.
Así, una década y 11 protocolos más tarde, el valor nominal de la subvención sigue siendo el mismo, mientras su valor real disminuye. Y en este contexto, se les exige a los colegios que enfrenten solos los enormes desafíos de la inclusión, sin otro gesto del Estado que el de la exigencia permanente.
Si queremos conmemorar verdaderamente este día, hagámoslo con responsabilidad. La inclusión no es solo un discurso ni una obligación legal: es una política pública que requiere inversión, formación, equipos especializados y, sobre todo, presencia efectiva del Estado donde hoy solo hay soledad.