El Estado promete, los colegios pagan
Por Yalile Said, Directora de Certum
Sumar y sumar dictámenes con cargo a los recursos de los colegios no solo es tercerizar la labor del Estado en la protección de derechos; es, sobre todo, poner en segundo plano aquello que los colegios han sido llamados a hacer por sobre todo: educar a los niños y niñas de Chile.
La ley de inclusión escolar, publicada en junio de 2018, fue un hito relevante en la educación chilena, corolario de un largo debate público —acompañado de marchas y propuestas políticas— que buscaba consagrar el derecho a la educación de los niños y jóvenes por sobre el lucro y la idea de negocios. Este proceso implicó cambiar radicalmente el lenguaje, castigando duramente toda vinculación entre educación y mercado, o entre colegio y empresa.
Pero al cambiar la normativa y el relato, desde la mirada de un colegio como proveedor de servicios educativos a guardián de derechos educacionales y auxiliares en el proceso formativo, no solo cambiamos los conceptos centrales; afectamos también una multiplicidad de sentidos críticos que hoy, al estar ausentes, han sobrecargado el quehacer de los colegios.
Al centrarnos en la idea exclusiva del resguardo de derechos, hemos redefinido progresivamente el modo en que comprendemos lo que es posible y no solicitar de un colegio, perdiendo la idea de la sustentabilidad de la empresa educativa en su totalidad.
Así, cotidianamente, los establecimientos ven crecer su sobrecarga normativa para resguardar derechos cuyo garante es el Estado, sin un correlato en capacidades y/o recursos. Este último mes, sin ir más lejos, se han dispuesto dos medidas que resultan no solo en la pérdida de recursos para los establecimientos, sino también en el menoscabo de sus tareas educativas.
La primera es el inicio del pago del 1% adicional de cotizaciones vinculado a la nueva ley de pensiones, que suponía un aumento en las subvenciones escolares, aumento que no se ha hecho efectivo haciendo que los establecimientos asuman ese costo.
La segunda es un dictamen de la superintendencia de Educación que prohíbe la no renovación de matrícula a los estudiantes con problemas socioeconómicos, sin aclarar cómo se recuperará esa brecha de recursos y sin hacerse cargo del estímulo que esta medida implica en materia de morosidad.
En estos casos, así como en todas las normas relativas a inclusión, trato de estudiantes con necesidades especiales, la pregunta no es si esos derechos deben ser resguardados, que sí, sino quién es el titular último de esa responsabilidad, que a todas luces debe ser el Estado y no cada colegio por sí mismo.
Al traspasar a los colegios, de manera administrativa, la labor de resguardar por sí mismos y sin aumentar recursos, derechos crecientes y diversos, todos importantes, el Estado no solo sobrecarga a los colegios sino que se desentiende de su labor de garante.
Volver a incorporar conceptos que hemos perdido en esta conversación es esencial para entender que los colegios —incluso los colegios públicos— funcionan como unidades operativas con ingresos, gastos, necesidades y límites, que es necesario racionalizar y priorizar.
Los establecimientos y sus equipos profesionales y técnicos ya no resisten más. Sumar y sumar dictámenes con cargo a los recursos de los colegios no solo es tercerizar la labor del Estado en la protección de derechos; es, sobre todo, poner en segundo plano aquello que los colegios han sido llamados a hacer por sobre todo: educar a los niños y niñas de Chile.