El Estado en deuda

La suspensión de clases en 10 colegios de Valparaíso por un «funeral narco» ha evidenciado la creciente presión sobre las instituciones educativas para enfrentar situaciones críticas que exceden su competencia. Frente al peligro por incidentes mayores, el Ministerio de Educación envió orientaciones a todos los colegios de Chile, sugiriendo, entre otras acciones, que realicen un diagnóstico que considere la identificación de pandillas, puntos de venta de drogas, balaceras en el barrio y espacios sin vigilancia, todas responsabilidades que competen a instituciones especializadas en seguridad, como la PDI o Carabineros. 

No es primera vez que los colegios deben cumplir con exigencias que van más allá de su experticia. Desde 2018, la Circular 482 de la Superintendencia de Educación demanda la implementación de protocolos en áreas como maltrato infantil, agresiones sexuales, vulneración de derechos, embarazo adolescente, reconocimiento de identidad de género de estudiantes trans, alcohol y drogas y riesgo suicida. A pesar de la falta de capacitación y recursos, los colegios se ven presionados a cumplir con estas tareas, mientras enfrentan una rigurosa y permanente fiscalización. Sólo el año 2022 la Superintendencia inició 1500 procedimientos sancionatorios contra colegios.

Uno de los colegios afectados por la suspensión de clases en Valparaíso tiene 470 estudiantes, 29 docentes y un equipo directivo de 4 profesores, sin psicólogo ni trabajador social. ¿Cómo se espera que un colegio de este tamaño y dotación genere, por sí solo, protocolos de seguridad, salud mental, temas de género y sepa cómo relacionarse con tribunales, entre otras exigencias? ¿Y que, además, tenga tiempo suficiente para gestionar mejoras educativas?

En Chile, el 60% de los colegios tienen menos de 400 estudiantes, con un promedio de dos personas en el equipo directivo. Sólo el 49% cuenta con un psicólogo y el 22% con un trabajador social. Estas cifras evidencian la tremenda dificultad de los planteles para cumplir con las exigencias, lo que a su vez afecta la calidad de la enseñanza y la gestión pedagógica.

El Estado está en deuda con los colegios, con sus comunidades educativas y, sobre todo, con los niños, niñas y adolescentes. 

Urge un cambio de paradigma, que se deje de ver a los colegios como una caja mágica capaz de resolver sin apoyos suficientes todos los problemas de la sociedad, a los que se les instruye, exige y sanciona y se avance en mirarlos como lo que son: una institución fundamental, aquella donde nuestros hijos pasan la mayor parte de su jornada y que requiere ser acompañada, capacitada y sobre todo resguardada.